ENCUENTRO UNIVERSITARIO Y POPULAR
“Universidad y Conflicto: orígenes, actores, efectos y vías de solución del conflicto social y armado colombiano”
I. JUSTIFICACIÓN
La existencia y agudización del conflicto social y armado en Colombia, sus orígenes, sus actores y las vías para superarlo; Ha afrontado a través de la historia diversas posiciones, discusiones y acciones concretas.
Hoy en nuestra patria, es imperativo la apertura de espacios de análisis y discusión que desborden en propuestas amplias y unitarias de solución, que emerjan de la evaluación concreta de nuestra historia y presente, sus actores y razones, a la luz del debate académico y popular enriquecido por el aporte de la comunidad universitaria y amplios sectores populares de la región.
Es preciso destacar que las comunidades del Departamento del Cauca, de la Región Sur Occidental de Colombia y en general de Colombia, con serios matices de desbordarse a nivel latinoamericano; estamos sumergidos en una profunda crisis social, política y de confrontación armada.
La Universidad, como espacio abierto a la discusión ideológica y política, no puede ser ajeno a la generación de espacios de análisis, discusión y generación de propuestas frente a la concentración del poder político, económico e ideológico, sus estrategias y tácticas y la lucha en sus diferentes formas y niveles, que a diario afrontan en carne propia la mayoría de nacionales.
La comunidad universitaria en el Departamento del Cauca, debe de levantarse de la inmovilidad en que esta sumergida y debe analizar y proponer con propiedad análisis que desborden en propuestas de soluciones frente al conflicto social y armado colombiano, articulándose de pensamiento y acción a amplios movimientos nacionales e internacionales.
En el camino por la construcción de una universidad diferente que no se rija bajo las supuestos o elaboraciones dirigidas por los círculos de poder, sino bajo las realidades concretas y las necesidades materiales de los pueblos, buscando aportar en el desarrollo de una conciencia de pueblo libre, que comprenda la realidad que nos rodea e identifique las causas y efectos de la situación política, económica y social de nuestra patria. Partiendo de la idea de que la comunidad universitaria esta transversalmente arraigada a los actores y realidades concretas de la región.
Con el ánimo de generar un espacio confrontación de ideas y saberes que garantice la libertad de expresión y de pensamiento, proponemos a ustedes, la asistencia y el aporte de ideas en la realización del encuentro “Universidad y Conflicto: orígenes, actores, efectos y vías de solución del conflicto social y armado colombiano”
II. OBJETIVO GENERAL
Generar un espacio de conocimiento, reflexión, generación y concreción de propuestas de transformación, en torno a la historia y presente del Conflicto Social y Armado Colombiano
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Estimular en la comunidad universitaria, en los actores y sectores del Departamento y el País, una lectura política y académica integral frente al conflicto social y armado colombiano
2. Adelantar un amplio debate sobre el papel del los estudiantes y de los sectores sociales del Departamento, en el contexto político, económico y social actual.
3. Concretar líneas de trabajo tendientes a la materialización de un trabajo coordinado al que confluyan amplias expresiones de la universidad del cauca, el Departamento y la Región
4. Contribuir a la generación de espacios donde se fomente una conciencia crítica por la defensa de la vida, el bienestar general y la necesidad de avanzar en la transformaciones de las condiciones materiales de nuestro pueblo
IV. EJES TEMÁTICOS Y CONFERENCISTAS
Eje Temático 1: Origen y naturaleza del conflicto social y armado en Colombia
Ponentes:
Tarsicio Rivera, Director del Departamento de Educación, formación, capacitación e investigación de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT.
Oscar Gerardo Salazar, Abogado y Filosofo de la Universidad del Cauca, Vocero del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano.
Eje Temático 2: Propuestas, avances, retrocesos y obstáculos hacia una Salida política al conflicto colombiano.
Ponentes:
Carlos Lozano Guillen, Director Semanario Voz y miembro del CEC del PCC
José Obdulio Gaviria, Asesor Presidencial.
Eje Temático 3: El Acuerdo Humanitario – Avances, retrocesos y obstáculos
Piedad Córdoba, Senadora de la República
Wolman Pérez, Defensor Nacional del Pueblo
V. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este Encuentro y con el fin de garantizar el alcance de los objetivos propuestos, se cuenta con 5 momentos:
1. Instalación del Encuentro: Apertura del evento, presentación de los ponentes y asistentes, exposición de objetivos y metodología.
2. Conferencias. Para el eje 1 se contara, con el apoyo de un conferencista. Para los ejes 2 y 3 se contara, con el apoyo de dos conferencistas.
Finalizadas las intervenciones por ejes se abrirá un espacio de preguntas. Con su respectivo espacio para respuestas.
Las preguntas se harán de manera verbal.
3. Plenaria
4. Conclusiones
5. Cierre del Evento
VI. PROGRAMACIÓN DEL ENCUENTRO
Día Miércoles 6 de Agosto de 2008
8:00 a.m. - 8:30 a.m. Recepción e inscripción asistentes
8:30 a.m. - 8:50 a.m. Instalación del evento.
Eje 1:
8:50 a.m. - 9:50 a.m. Ponencia
9:50 a.m. - 10:10 a.m. Refrigerio
10:10 a.m. - 11:20 a.m. Ponencia
11:20 p.m. – 12:00 p.m. Ciclo de preguntas y respuestas
EJE 2:
2:00 p.m. - 3:30 p.m. Ponencia No. 1
3:30 p.m. – 3:50 p.m. Refrigerio
3:50 p.m. - 5:20 p.m. Ponencia No. 2
5:20 p.m. – 6:00 p.m. Ciclo de preguntas y respuestas
Día Jueves 7 de Agosto de 2008
Eje 1:
8:00 a.m. - 9:30 a.m. Ponencia No. 1
9:30 a.m. - 9:50 a.m. Refrigerio
9:50 a.m. - 11:20 a.m. Ponencia No. 2
11:20 a.m. - 12:00 p.m. Ciclo de preguntas y respuestas
Plenaria y Conclusiones
2:00 p.m. - 3:00 p.m. Presentación de Conclusiones por Eje Temático
3:00 p.m. - 5:00 p.m. Discusión y aprobación de conclusiones
5:00 p.m. - 6:00 p.m. Discusión y aprobación de la Declaración final del seminario
6:00 p.m. – 1:00 a.m. Integración cultural y artística.
VII. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ENCUENTRO
1. Participantes
La participación en el encuentro será abierta.
2. Responsables
Será responsable de la preparación del Encuentro la Coordinadora Estudiantil “Tuto Gonzales” y la dirección universitaria de la Universidad del Cauca.
3. Inscripciones
Para los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad del Cauca y miembros de comunidades universitarias, organizaciones e individuos, distintos a la Universidad del Cauca, las inscripciones se realizaran a través de un enlace ubicado en el portal Web de la Universidad del Cauca http://www.unicauca.edu.co, o el día 6 de Agosto de 2008 entre las 8:00 a.m. y 8:30 a.m. en la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca.
4. Lugar y Fecha
Popayán (Cauca)
Universidad del Cauca.
Auditorio Facultad de Ciencias de la Salud
Miércoles 6 y Jueves 7 de Agosto de 2008
jueves 31 de julio de 2008
ENCUENTRO UNIVERSITARIO Y POPULAR “Universidad y Conflicto: orígenes, actores, efectos y vías de solución del conflicto social y armado colombiano”
Nueva denuncia de la Red de DDHH "FIC"
URGENTE
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
LA RED DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“Francisco Isaías Cifuentes”
DENUNCIA PÚBLICA
Al sur occidente de Colombia, sobre la cordillera central, en el Departamento del Cauca, Municipio de Corinto, Corregimiento El Jagual, vereda las Guacas.
En desarrollo de la autodenominada “ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO SOCIAL” y los componentes de la POLÍTICA DE CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA. El estado colombiano, continúa desplegando una guerra de terror militar en contra de humildes ciudadanos campesinos indígenas y mestizos.
DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:
En desarrollo de la Política de Seguridad Democrática, militares colombianos pertenecientes a los Batallones de Ingenieros No. 3 “Agustín Codazzi” y de Infantería No. 8 “Batalla de Pichincha”, al mando del Coronel TORRES, pertenecientes a la III Brigada y adscritos a la III División del Ejercito del Estado Colombiano al mando del Mayor General JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ, e integrantes de la Fuerza Aérea del Estado Colombiano, continúan aterrorizando a los pobladores a través del desarrollo de operativos militares combinados e indiscriminados, el uso desmedido de arsenal militar en zonas pobladas, las heridas a humildes comuneros y la destrucción de bienes muebles e inmuebles de propiedad colectiva (Escuela y Hogar Infantil) y de propiedad de civiles, en medio de presuntos operativos militares en contra del sexto frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo (FARC-EP).
Las veredas y corregimientos del municipio de Corinto al norte del Departamento del Cauca, están en riesgo humanitario al hacer parte de la zona en donde el Estado Colombiano ha iniciado el desarrollo de la fase II del plan de desarraigo hambre y muerte autodenominado “Plan Colombia” ahora bajo la cobertura de la autodenominada “Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social”.
Como política de Estado, en esta zona a través de la intimidación y aniquilación de campesinos y sus organizaciones, el Estado busca expropiar a campesinos mestizos e indígenas de sus medios de producción comunitarios, desarraigarlos de sus territorios ancestrales y su cultura, para posteriormente insertarlos en el modo de producción capitalista a través de planes y proyectos denominados de desarrollo sostenible.
Responsabilizamos al Estado Colombiano en cabeza del señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, al Gobernador del Departamento del Cauca GUILLERMO ALBERTO GONZÁLEZ y a las fuerzas militares y de policía del Estado Colombiano por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en contra de los ciudadanos asentados en las zonas de operaciones del Ejército del Estado Colombiano en el municipio de Corinto.
HECHOS.
Al sur occidente de Colombia, Departamento del Cauca, Municipio de Corinto, Corregimiento de El Jagual, vereda las Guacas, son palpables las agresiones y extralimitaciones del grupo de militares, Policías y fuerza aérea del Estado Colombiano en contra de civiles campesinos mestizos e indígenas, en abierta violación a la normatividad Colombiana, a los principios del derecho internacional tales como el de Humanidad, necesidad militar, distinción, inmunidad civil y proporcionalidad; y tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.
Domingo 27 de Julio de 2008
En una zona donde militares del Estado Colombiano pertenecientes al Batallón de Ingenieros No.3 “Agustín Codazzi” (sede en el Municipio de Palmira, Departamento del valle del Cauca) y del Batallón de Infantería No. 8 “Batalla de Pichincha” (sede Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca), y el Comando de la Policía Cauca, desarrollan operaciones militares y policiales constantemente.
Cerca de las 6:00 de la tarde Inicia un operativo aéreo, por parte de efectivos de la Fuerza Aérea del Estado Colombiano, a través de bombardeos y ametrallamiento indiscriminado, realizado por Aviones y helicópteros, en una zona poblada por humildes campesinos mestizos e indígenas.
El bombardeo y ametrallamiento indiscriminado se postergo hasta cerca de las 11:00 de la noche.
Ante la intensidad del bombardeo y ametrallamiento por aire y por tierra, los habitantes de la vereda atemorizados se resguardaron y concentraron en casas de habitación.
En un humilde hogar campesino, se resguardo aterrorizada la ciudadana Colombiana, FRANCELY CONDA GUASAQUILLO y sus dos hijos menores de edad. Cerca de las 7:00 de la noche la ciudadana CONDA GUASAQUILLO, es impactada por uno de los proyectiles de arma de fuego, lanzados por la Fuerza Aérea del estado Colombiano, el cual le impacto el seno derecho y su estomago.
Cerca de las 8:00 de la noche la humilde campesina CONDA GUASAQUILLO, es trasladada gravemente herida al Hospital Municipal de Corinto y luego de ser evaluado su estado es remitida al Hospital Departamental del Valle.
Adicionalmente, como resultado del bombardeo y ametrallamiento indiscriminado resultaron gravemente averiadas las instalaciones de:
El Colegio Agropecuario de las Guacas (orificios en los techos de la sala de informática, en las canaletas de redes y datos, quedaron totalmente destruidas las lámparas de iluminación, además de varios impactos de proyectil de arma de fuego en las paredes de salones, tableros de las aulas, pisos, puertas, andenes y tuberías de agua)
El hogar Infantil CHIQUILINOS (impactos de proyectil de arma de fuego en paredes internas y externas, piso)
La casa de habitación del ciudadano colombiano JORGE ORTEGA en donde funciona la tienda veredal de nombre “La Fonda” (impactos de proyectil de arma de fuego en paredes internas y externas, piso, destrucción de una pared y el baño).
ANTE EL TEMOR EXPRESAMENTE FUNDADO DE LAS COMUNIDADES FRENTE A LAS EXTRALIMITACIONES EN EL EJERCICIO DE LA FUERZA POR PARTE DE MILITARES DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL SECTOR DE COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS.
DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE EL TERRORISMO Y LOS CRÍMENES DE ESTADO EN CONTRA DEL PUEBLO COLOMBIANO Y
RESPONSABILIZAMOS
AL ESTADO COLOMBIANO, AL MAYOR GENERAL JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ (III DIVISIÓN DEL EJÉRCITO DE COLOMBIA), AL CORONEL TORRES COMANDANTE DE LOS MILITARES DEL ESTADO COLOMBIANO EN LA ZONA (BATALLÓN DE INGENIEROS NO.3 “AGUSTÍN CODAZZI” Y BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 8 “BATALLA DE PICHINCHA”), POR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR INTEGRANTES DEL LAS FUERZAS REGULARES DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE CORINTO; POR LA VIDA, INTEGRIDAD FÍSICA Y LOS BIENES DE LOS CAMPESINOS ASENTADOS EN LA ZONA DE OPERACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES QUE DIRIGEN. Y EN ESPECIAL POR LA VIDA, LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LA CIUDADANA COLOMBIANA FRANCELY CONDA GUASAQUILLO.
EXIGIMOS
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
• El cumplimiento de su mandato como veedores de que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y de los Derechos Internacionales de los Derechos Humanos.
AL ESTADO COLOMBIANO
• El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
• Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Corinto en el Departamento del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
• Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos del Municipio de Corinto en el Departamento del Cauca y en particular por el de la ciudadana colombiana FRANCELY CONDA GUASAQUILLO, que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
• Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la agresión física de la ciudadana colombiana FRANCELY CONDA GUASAQUILLO y por el daño en bienes de uso público y privado.
A LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA
• Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Corinto en el Departamento del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
• Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos del Municipio de Corinto en el Departamento del Cauca y en particular por el de la ciudadana colombiana FRANCELY CONDA GUASAQUILLO, que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
• Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la agresión física de la ciudadana colombiana FRANCELY CONDA GUASAQUILLO y por el daño en bienes de uso público y privado.
A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
• Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos del Municipio de Corinto en el Departamento del Cauca y en particular por el de la ciudadana colombiana FRANCELY CONDA GUASAQUILLO, que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
• Garantizar el desarrollo de las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la agresión física de la ciudadana colombiana FRANCELY CONDA GUASAQUILLO y por el daño en bienes de uso público y privado.
SOLICITAMOS
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
• En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.
INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTA AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES”
29 DE JULIO DE 2008
INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.co
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co
JUAN MANUEL SANTOS
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co
CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co
MARIO IGUARAN
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co
WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com
EDGARDO JOSE MAYA VILLAZÒN
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co
CARLOS FRANCO
Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional Humanitario.
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
Fax. 337 46 67
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co
NOTA: FAVOR REMITIR AL SIGUIENTE CORREO LOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN. redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es
Nuevo comunicado de la Juventud Comunista Colombiana
CRECE LA PERSECUCIÓN Y LAS AMENAZAS CONTRA LA DIRECCION NACIONAL DE LA JUVENTUD COMUNISTA COLOMBIANA
- COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA -
La Juventud Comunista Colombiana informa a la opinión pública nacional e internacional los siguientes hechos:
1. El día 28 de julio de 2008, siendo las 10:20 am, sujetos armados ingresaron al apartamento del dirigente JAIME OSORNO NAVARRO, miembro del Comité Ejecutivo Central de la Juventud Comunista Colombiana, los cuales luego de haberse identificado como trabajadores de TELMEX, ingresaron violentamente al lugar donde se encontraba en ese momento el militante de la JUCO PEDRO LUIS GENEY ARRIETO, quién fue amenazado con puñal en la garganta, torturado, amarrado y golpeado en repetidas veces. Dichos sujetos en el marco de la agresión a PEDRO LUIS GENEY ARRIETO preguntaron por el dirigente Jaime Osorno señalándolo de ser junto con él 'guerrilleros'. Posteriormente los individuos requisaron el apartamento sustrayendo únicamente los discos duros, dos computadores portátiles, y una cámara de fotográfica los cuales se encontraban en la vivienda. Finalmente, procedieron a envolverlo en una sábana amarrada con cables eléctricos y lo encerraron en el guarda ropa de una de las habitaciones.
2. Ante estos graves hechos, la Juventud Comunista entabló la respectiva denuncia penal en la unidad antiterrorista de la Fiscalía, debidamente sustentado por el peritaje del CTI y de medicina legal quien registró las heridas sufridas por Pedro Geney durante este ataque.
3. El Comité Ejecutivo Central de la Juventud Comunista Colombiana, viene siendo objeto de constantes amenazas y hostigamientos en los últimos meses, razón por la cual el compañero DIEGO MARIN, miembro de la dirección nacional de la JUCO, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios – ACEU, tuvo que salir del país luego de haberse presentado un incidente donde se buscaba atentar contra su vida.
4. Igualmente, tuvimos conocimiento de la existencia de unas ordenes de investigación y de batalla por parte de la policía nacional y los organismos de inteligencia contra JAIME OSORNO y varios dirigentes de la JUCO durante una reunión de coordinación con el comando de la policía de Cartagena, en vísperas de la realización del IV Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios, realizado a finales de mayo del presente año. Otro número importante de miembros del comité central y militantes se encuentran en situación de peligro en varias regiones del país. No se puede olvidar que en días pasados apareció el cuerpo sin vida del sindicalista y militante del Partido Comunista GUILLERMO RIVERA, y de la existencia de pruebas que incriminan directamente a la Policía Nacional en este execrable hecho.
5. Por todo lo anterior, queremos llamar la atención de las autoridades civiles, de investigación y organismos de control para que se investigue y prontamente se dé con los autores intelectuales y materiales de estos hechos, que ponen en peligro la vida e integridad de varios miembros de una organización política de oposición y legalmente reconocida, que como en pasadas épocas ha sido víctima del genocidio político y el terrorismo de Estado.
6. Exhortamos a todas las fuerzas vivas de la nación a rechazar estas acciones criminales que comprometen seriamente a los agentes del Estado. La solidaridad, la denuncia y la movilización contra los crímenes de Estado, deben ser aspectos centrales en la lucha por la paz, la democracia y la justicia social, como alternativa al proyecto guerrerista y autoritario que representa el Presidente Uribe.
COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL
JUVENTUD COMUNISTA COLOMBIANA
Bogotá D.C. julio 29 de 2008
miércoles 9 de julio de 2008
Continúa la represión contra las comunidades campesinas de Tuluá
URGENTE
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
LA RED DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
"Francisco Isaías Cifuentes"
DENUNCIA PÚBLICA
AL SUR OCCIDENTE DE COLOMBIA, SOBRE LA CORDILLERA CENTRAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE TULÚA, CORREGIMIENTO MONTELORO, VEREDAS SANTA HELENA – PEPITAS Y LA FLORESTA.
En desarrollo de la autodenominada "Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social" y los componentes de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. El Estado Colombiano, continúa desplegando una guerra de terror militar en contra de humildes ciudadanos campesinos, sus líderes naturales y sus organizaciones.
DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:
En desarrollo de la Política de Seguridad Democrática, militares del Estado Colombiano integrantes de la Brigada Móvil No. 20, agregada operacionalmente a la III Brigada, adscritos a la III División del Ejercito del Estado Colombiano al mando del Mayor General JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ. Continúan aterrorizando a los pobladores y líderes naturales, mediante ejecuciones extrajudiciales, retenciones arbitrarias, señalamientos, agresiones físicas y psicológicas y la realización de actos de vandalismo y pillajes.
Como política de Estado, el ejército del Estado Colombiano, asesina, señala, comete actos de vandalismo y retiene arbitrariamente indefensos campesinos y posteriormente los presenta ante los medios masivos de comunicación y ante la comunidad internacional como insurgentes dados de baja en combate o como hechos realizados por "malos" elementos de la institución castrense.
Hechos realizados, en el afán del Estado Colombiano por posicionar el sofisma del incremento de resultados cuantitativos de la política de "seguridad democrática" en su lucha frontal contra el "enemigo interno" y que en realidad son acciones sistemáticas de exterminio popular realizadas por el Estado Colombiano en su función de control social y territorial, en donde a través de la intimidación y aniquilación de campesinos y sus organizaciones, el estado busca expropiar a campesinos de sus medios de producción comunitarios, desarraigarlos de sus territorios ancestrales y su cultura, atacando sistemáticamente a organizaciones y a sus líderes naturales, para posteriormente insertar a los lugareños en el modo de producción capitalista a través de planes y proyectos denominados de desarrollo sostenible.
Esta clase de acciones que en la cordillera central, tienen amedrentada a las comunidades campesinas, son ejecutadas como política de Estado y a diario se desarrollan en Colombia, por lo tanto, responsabilizamos al estado colombiano en cabeza del señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, al Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, señor JUAN CARLOS ABADIA y a las fuerzas militares por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en contra de los ciudadanos asentados en las zonas de operaciones del ejército de Colombia en el municipio de Tulúa.
HECHOS.
Al sur occidente de Colombia, sobre la cordillera central, en el Departamento del Valle del Cauca, municipio de Tulúa
Martes 1 de julio de 2008
En el corregimiento Monteloro, vereda Santa Helena – Pepitas, finca La Eucaliptera, lugar de residencia del humilde ciudadano campesino CÉSAR CUADROS LEAL cerca de las 6:20 de la mañana hacen presencia Militares del Estado Colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20.
Cerca de las 6:30 de la mañana en momentos en que el humilde campesino CÉSAR CUADROS LEAL se dirigía a ordeñar una vaca de su propiedad, llevando en la mano sus herramientas de trabajo (un filtro (colador) y un balde), es abordado por un grupo de Militares del Estado Colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20, quienes a través de ráfagas y disparos tiro a tiro de fusil Galil impactaron su cuerpo causándole la MUERTE.
Segundos más tarde, sobre el cuerpo sin vida del ciudadano campesino CÉSAR CUADROS LEAL, el grupo de militares del Estado Colombiano procedió a colocarle un fusil en la mano, un cargador en el cinto y una cajetilla de cigarrillos (Es de señalar que el campesino Cuadros Leal no fumaba, ni portaba armas de fuego o proveedor). Finalmente un militar del Estado Colombiano cubrió el cadáver con una carpa camuflada mientras que otros lavaban el balde y el filtro que habían quedado manchados de sangre.
La Humilde ciudadana colombiana NATALY GARCÍA RAMOS de 20 años de edad (esposa de Cuadros Leal) al oír las ráfagas de fusil salió de la vivienda en búsqueda de su esposo, pero varios militares del Estado Colombiano le impidieron el paso hasta el sitio donde se encontraba el cuerpo sin vida de su esposo.
Posteriormente un grupo de militares del Estado Colombiano, retuvieron arbitrariamente a la ciudadana colombiana NATALY GARCÍA RAMOS en el corredor de su casa de habitación.
Cerca de las 2:00 de la tarde un militar del estado Colombiano, de rango cabo y de apellido PEÑA, se dirige a la señora GARCÍA RAMOS y le exige las llaves de una moto DT 125 de placas KIQ08 que se encontraba en el lugar, argumentando que se la iba a llevar a "mi teniente".
Las humildes ciudadanas colombianas NATALY GARCÍA RAMOS y MARY LUZ ARANGO (amiga de García Ramos), pasaron retenidas arbitrariamente toda la noche por seis militares del estado Colombiano que se apostaron en la residencia.
Miércoles 2 de julio de 2008
Cerca de las 6:30 de la mañana, la humilde ciudadana campesina NATALY GARCÍA RAMOS, retenida arbitrariamente desde el día anterior, es abordada por un grupo de militares del Estado Colombiano, quienes la trasladan a la fuerza hasta el lugar en donde se encontraba un oficial del el ejercito del Estado Colombiano de rango teniente y apellido sin identificar, quien estaba ubicado a cerca de hora y media de camino a pie. En el lugar él Teniente le dice a la señora GARCÍA RAMOS que su esposo era un guerrillero y que por eso lo habían matado, mientras que le enseña el cadáver de su esposo con el fusil y el cargador que adiciono el grupo de militares del Estado Colombiano.
Jueves 3 de julio de 2008
Corregimiento de Monteloro, vereda La Floresta, finca La Meseta, cerca de las 11:00 de la noche, un grupo de militares del Estado Colombiano hacen presencia en la casa de habitación de la humilde ciudadana campesina MIRIAM GAVIRIA.
Posteriormente los militares del Estado Colombiano, además de ingresar a la propiedad sin autorización u orden judicial, proceden a realizar ruidos graves y agudos perturbando la tranquilidad del hogar campesino, al tiempo que golpean un perro de la finca y proceden a consumir MARIHUANA.
El grupo de militares del Estado colombiano drogados, al notar que la ciudadana colombiana MIRIAM GAVIRIA y sus pequeños hijos menores de edad se encontraban en el lugar, procedieron a golpear con punta puntapiés y golpes de elementos contundentes en repetidas ocasiones las paredes de la casa y el piso del corredor hasta aproximadamente las 3:00 de la mañana del día 4 de julio. Finalmente los militares del estado Colombiano cortaron los alambrados de la finca La Meseta, ocasionando que las reses y animales de carga de la señora GAVIRIA se salieran del predio.
Es de resaltar que la ciudadana colombiana MIRIAM GAVIRIA, en la actualidad es integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Floresta y líder del Grupo de Mujeres "Gotas de Esperanza".
ANTE EL TEMOR EXPRESAMENTE FUNDADO DE LAS COMUNIDADES FRENTE A LAS EXTRALIMITACIONES EN EL EJERCICIO DE LA FUERZA POR PARTE DE MILITARES COLOMBIANOS EN EL SECTOR DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y LOS LAMENTABLES PRECEDENTES DE ACCIONES SIMILARES.
DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE EL TERRORISMO DE ESTADO EN CONTRA DEL PUEBLO COLOMBIANO Y
RESPONSABILIZAMOS
AL ESTADO COLOMBIANO, Y EN PARTICULAR AL MAYOR GENERAL JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ (III DIVISIÓN DEL EJÉRCITO DE COLOMBIA), POR LA ACCIÓN OMISIVA Y CÓMPLICE DE SERIAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR INTEGRANTES DEL LAS FUERZAS REGULARES DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE TULÚA; POR LA VIDA, INTEGRIDAD FÍSICA Y LOS BIENES DE LOS CAMPESINOS ASENTADOS EN LA ZONA DE OPERACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES QUE DIRIGE. Y EN ESPECIAL POR EL CRIMEN DE ESTADO COMETIDO EN CONTRA DEL CIUDADANO CAMPESINO CÉSAR CUADROS LEAL Y POR LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS CAMPESINOS NATALY GARCÍA RAMOS, MARY LUZ ARANGO Y MIRIAM GAVIRIA
EXIGIMOS
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
El cumplimiento de su mandato como veedores de que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y de los Derechos Internacionales de los Derechos Humanos.
AL ESTADO COLOMBIANO
El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Tulúa en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos NATALY GARCÍA RAMOS, MARY LUZ ARANGO Y MIRIAM GAVIRIA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la ejecución extrajudicial del ciudadano colombiano CÉSAR CUADROS LEAL
A LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Tulúa en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos NATALY GARCÍA RAMOS, MARY LUZ ARANGO Y MIRIAM GAVIRIA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Impulsar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la ejecución extrajudicial del ciudadano colombiano CÉSAR CUADROS LEAL
A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos asentados en el municipio de Tulúa, que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos NATALY GARCÍA RAMOS, MARY LUZ ARANGO Y MIRIAM GAVIRIA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
SOLICITAMOS
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.
INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTA AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
"FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES"
8 DE JULIO DE 2008
INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.co
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co
JUAN MANUEL SANTOS
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co
CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co
MARIO IGUARAN
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co
WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com
EDGARDO JOSE MAYA VILLAZÒN
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co
CARLOS FRANCO
Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional Humanitario.
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
Fax. 337 46 67
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co
NOTA: FAVOR REMITIR AL SIGUIENTE CORREO LOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN. redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
LA RED DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
"Francisco Isaías Cifuentes"
DENUNCIA PÚBLICA
AL SUR OCCIDENTE DE COLOMBIA, SOBRE LA CORDILLERA CENTRAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE TULÚA, CORREGIMIENTO MONTELORO, VEREDAS SANTA HELENA – PEPITAS Y LA FLORESTA.
En desarrollo de la autodenominada "Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social" y los componentes de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. El Estado Colombiano, continúa desplegando una guerra de terror militar en contra de humildes ciudadanos campesinos, sus líderes naturales y sus organizaciones.
DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:
En desarrollo de la Política de Seguridad Democrática, militares del Estado Colombiano integrantes de la Brigada Móvil No. 20, agregada operacionalmente a la III Brigada, adscritos a la III División del Ejercito del Estado Colombiano al mando del Mayor General JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ. Continúan aterrorizando a los pobladores y líderes naturales, mediante ejecuciones extrajudiciales, retenciones arbitrarias, señalamientos, agresiones físicas y psicológicas y la realización de actos de vandalismo y pillajes.
Como política de Estado, el ejército del Estado Colombiano, asesina, señala, comete actos de vandalismo y retiene arbitrariamente indefensos campesinos y posteriormente los presenta ante los medios masivos de comunicación y ante la comunidad internacional como insurgentes dados de baja en combate o como hechos realizados por "malos" elementos de la institución castrense.
Hechos realizados, en el afán del Estado Colombiano por posicionar el sofisma del incremento de resultados cuantitativos de la política de "seguridad democrática" en su lucha frontal contra el "enemigo interno" y que en realidad son acciones sistemáticas de exterminio popular realizadas por el Estado Colombiano en su función de control social y territorial, en donde a través de la intimidación y aniquilación de campesinos y sus organizaciones, el estado busca expropiar a campesinos de sus medios de producción comunitarios, desarraigarlos de sus territorios ancestrales y su cultura, atacando sistemáticamente a organizaciones y a sus líderes naturales, para posteriormente insertar a los lugareños en el modo de producción capitalista a través de planes y proyectos denominados de desarrollo sostenible.
Esta clase de acciones que en la cordillera central, tienen amedrentada a las comunidades campesinas, son ejecutadas como política de Estado y a diario se desarrollan en Colombia, por lo tanto, responsabilizamos al estado colombiano en cabeza del señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, al Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, señor JUAN CARLOS ABADIA y a las fuerzas militares por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en contra de los ciudadanos asentados en las zonas de operaciones del ejército de Colombia en el municipio de Tulúa.
HECHOS.
Al sur occidente de Colombia, sobre la cordillera central, en el Departamento del Valle del Cauca, municipio de Tulúa
Martes 1 de julio de 2008
En el corregimiento Monteloro, vereda Santa Helena – Pepitas, finca La Eucaliptera, lugar de residencia del humilde ciudadano campesino CÉSAR CUADROS LEAL cerca de las 6:20 de la mañana hacen presencia Militares del Estado Colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20.
Cerca de las 6:30 de la mañana en momentos en que el humilde campesino CÉSAR CUADROS LEAL se dirigía a ordeñar una vaca de su propiedad, llevando en la mano sus herramientas de trabajo (un filtro (colador) y un balde), es abordado por un grupo de Militares del Estado Colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20, quienes a través de ráfagas y disparos tiro a tiro de fusil Galil impactaron su cuerpo causándole la MUERTE.
Segundos más tarde, sobre el cuerpo sin vida del ciudadano campesino CÉSAR CUADROS LEAL, el grupo de militares del Estado Colombiano procedió a colocarle un fusil en la mano, un cargador en el cinto y una cajetilla de cigarrillos (Es de señalar que el campesino Cuadros Leal no fumaba, ni portaba armas de fuego o proveedor). Finalmente un militar del Estado Colombiano cubrió el cadáver con una carpa camuflada mientras que otros lavaban el balde y el filtro que habían quedado manchados de sangre.
La Humilde ciudadana colombiana NATALY GARCÍA RAMOS de 20 años de edad (esposa de Cuadros Leal) al oír las ráfagas de fusil salió de la vivienda en búsqueda de su esposo, pero varios militares del Estado Colombiano le impidieron el paso hasta el sitio donde se encontraba el cuerpo sin vida de su esposo.
Posteriormente un grupo de militares del Estado Colombiano, retuvieron arbitrariamente a la ciudadana colombiana NATALY GARCÍA RAMOS en el corredor de su casa de habitación.
Cerca de las 2:00 de la tarde un militar del estado Colombiano, de rango cabo y de apellido PEÑA, se dirige a la señora GARCÍA RAMOS y le exige las llaves de una moto DT 125 de placas KIQ08 que se encontraba en el lugar, argumentando que se la iba a llevar a "mi teniente".
Las humildes ciudadanas colombianas NATALY GARCÍA RAMOS y MARY LUZ ARANGO (amiga de García Ramos), pasaron retenidas arbitrariamente toda la noche por seis militares del estado Colombiano que se apostaron en la residencia.
Miércoles 2 de julio de 2008
Cerca de las 6:30 de la mañana, la humilde ciudadana campesina NATALY GARCÍA RAMOS, retenida arbitrariamente desde el día anterior, es abordada por un grupo de militares del Estado Colombiano, quienes la trasladan a la fuerza hasta el lugar en donde se encontraba un oficial del el ejercito del Estado Colombiano de rango teniente y apellido sin identificar, quien estaba ubicado a cerca de hora y media de camino a pie. En el lugar él Teniente le dice a la señora GARCÍA RAMOS que su esposo era un guerrillero y que por eso lo habían matado, mientras que le enseña el cadáver de su esposo con el fusil y el cargador que adiciono el grupo de militares del Estado Colombiano.
Jueves 3 de julio de 2008
Corregimiento de Monteloro, vereda La Floresta, finca La Meseta, cerca de las 11:00 de la noche, un grupo de militares del Estado Colombiano hacen presencia en la casa de habitación de la humilde ciudadana campesina MIRIAM GAVIRIA.
Posteriormente los militares del Estado Colombiano, además de ingresar a la propiedad sin autorización u orden judicial, proceden a realizar ruidos graves y agudos perturbando la tranquilidad del hogar campesino, al tiempo que golpean un perro de la finca y proceden a consumir MARIHUANA.
El grupo de militares del Estado colombiano drogados, al notar que la ciudadana colombiana MIRIAM GAVIRIA y sus pequeños hijos menores de edad se encontraban en el lugar, procedieron a golpear con punta puntapiés y golpes de elementos contundentes en repetidas ocasiones las paredes de la casa y el piso del corredor hasta aproximadamente las 3:00 de la mañana del día 4 de julio. Finalmente los militares del estado Colombiano cortaron los alambrados de la finca La Meseta, ocasionando que las reses y animales de carga de la señora GAVIRIA se salieran del predio.
Es de resaltar que la ciudadana colombiana MIRIAM GAVIRIA, en la actualidad es integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Floresta y líder del Grupo de Mujeres "Gotas de Esperanza".
ANTE EL TEMOR EXPRESAMENTE FUNDADO DE LAS COMUNIDADES FRENTE A LAS EXTRALIMITACIONES EN EL EJERCICIO DE LA FUERZA POR PARTE DE MILITARES COLOMBIANOS EN EL SECTOR DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y LOS LAMENTABLES PRECEDENTES DE ACCIONES SIMILARES.
DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE EL TERRORISMO DE ESTADO EN CONTRA DEL PUEBLO COLOMBIANO Y
RESPONSABILIZAMOS
AL ESTADO COLOMBIANO, Y EN PARTICULAR AL MAYOR GENERAL JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ (III DIVISIÓN DEL EJÉRCITO DE COLOMBIA), POR LA ACCIÓN OMISIVA Y CÓMPLICE DE SERIAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR INTEGRANTES DEL LAS FUERZAS REGULARES DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE TULÚA; POR LA VIDA, INTEGRIDAD FÍSICA Y LOS BIENES DE LOS CAMPESINOS ASENTADOS EN LA ZONA DE OPERACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES QUE DIRIGE. Y EN ESPECIAL POR EL CRIMEN DE ESTADO COMETIDO EN CONTRA DEL CIUDADANO CAMPESINO CÉSAR CUADROS LEAL Y POR LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS CAMPESINOS NATALY GARCÍA RAMOS, MARY LUZ ARANGO Y MIRIAM GAVIRIA
EXIGIMOS
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
El cumplimiento de su mandato como veedores de que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y de los Derechos Internacionales de los Derechos Humanos.
AL ESTADO COLOMBIANO
El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Tulúa en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos NATALY GARCÍA RAMOS, MARY LUZ ARANGO Y MIRIAM GAVIRIA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la ejecución extrajudicial del ciudadano colombiano CÉSAR CUADROS LEAL
A LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Tulúa en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos NATALY GARCÍA RAMOS, MARY LUZ ARANGO Y MIRIAM GAVIRIA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Impulsar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la ejecución extrajudicial del ciudadano colombiano CÉSAR CUADROS LEAL
A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos asentados en el municipio de Tulúa, que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos NATALY GARCÍA RAMOS, MARY LUZ ARANGO Y MIRIAM GAVIRIA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
SOLICITAMOS
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.
INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTA AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
"FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES"
8 DE JULIO DE 2008
INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.co
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co
JUAN MANUEL SANTOS
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co
CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co
MARIO IGUARAN
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co
WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com
EDGARDO JOSE MAYA VILLAZÒN
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co
CARLOS FRANCO
Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional Humanitario.
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
Fax. 337 46 67
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co
NOTA: FAVOR REMITIR AL SIGUIENTE CORREO LOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN. redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es
lunes 30 de junio de 2008
Denuncia pública: agresiones contra camepsinos vallecaucanos
URGENTE
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
LA RED DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
"Francisco Isaías Cifuentes"
DENUNCIA PÚBLICA
AL SUR OCCIDENTE DE COLOMBIA, SOBRE LA CORDILLERA CENTRAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE TULÚA, CORREGIMIENTOS DE TOCHECITO Y PUERTO FRAZADAS, VEREDAS EL RECREO Y ALTO EL ROSARIO.
En desarrollo de la autodenominada "Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social" y los componentes de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. El Estado Colombiano, continúa desplegando una guerra de terror militar en contra de humildes ciudadanos campesinos, sus líderes naturales y sus organizaciones.
DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:
En desarrollo de la Política de Seguridad Democrática, militares del Estado Colombiano integrantes del Batallón de Infantería No. 23 Vencedores (sede municipio de Cartago), y la Brigada Móvil No. 20, perteneciente y agregada operacionalmente a la III Brigada, adscritos a la III División del Ejercito del Estado Colombiano al mando del Mayor General JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ. Continúan aterrorizando a los pobladores y líderes naturales, mediante señalamientos, agresiones físicas y psicológicas, la realización de amenazas y retenciones arbitrarias.
Como política de estado, el ejército del Estado Colombiano, señala y retiene arbitrariamente indefensos campesinos y posteriormente los presenta ante los medios masivos de comunicación y ante la comunidad internacional como insurgentes, en su afán por posicionar el sofisma del incremento de resultados cuantitativos de la política de "seguridad democrática" en su lucha frontal contra el "enemigo interno".
Como política de Estado, en esta zona, se agudiza a diario la etapa militar del desarrollo de la Doctrina de la Acción Integral, en donde a través de la intimidación y aniquilación de campesinos y sus organizaciones, el estado busca expropiar a campesinos de sus medios de producción comunitarios, desarraigarlos de sus territorios ancestrales y su cultura, atacando sistemáticamente a organizaciones y a sus líderes naturales, para posteriormente insertar a los lugareños en el modo de producción capitalista a través de planes y proyectos denominados de desarrollo sostenible.
Esta clase de acciones que en la cordillera central, tienen amedrentada a las comunidades campesinas, son ejecutadas como política de Estado y a diario se desarrollan en Colombia, por lo tanto, responsabilizamos al estado colombiano en cabeza del señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, al Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, señor JUAN CARLOS ABADIA y a las fuerzas militares y de policía por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en contra de los ciudadanos asentados en las zonas de operaciones del ejército de Colombia en el municipio de Tulúa.
HECHOS.
Al sur occidente de Colombia, sobre la cordillera central, en el Departamento del Valle del Cauca, municipio de Tulúa
Miércoles 21 de Mayo de 2008
En el corregimiento Tochecito, vereda El Recreo, finca El Paraíso, tres integrantes del Batallón de Infantería No. 23 "Vencedores", hacen presencia en el lugar, indagando por el ciudadano colombiano HEBERTO MARÍN PELÁEZ (quien reside en dicha finca).
Posteriormente los militares del Estado Colombiano, preguntan a los presentes en el lugar, por las actividades del ciudadano MARÍN PELÁEZ y por su localización, aduciendo que "había quejas" de dicho ciudadano colombiano. Ante la no presencia en el lugar del ciudadano Marín Peláez. El grupo de militares procedieron a tomarle fotografías a la señora ROSA MARÍA SALAZAR, residente de la zona.
Posteriormente (en fecha sin establecer)
Integrantes del Batallón de Infantería No. 23 "Vencedores", hacen presencia en la casa de habitación del ciudadano Colombiano FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA.
El grupo de Militares del Estado Colombiano, indagan por el paradero del ciudadano colombiano HEBERTO MARÍN PELÁEZ, y señalan que dicho ciudadano realiza "reuniones subversivas" en la región.
Es de resaltar que los ciudadanos colombianos HEBERTO MARÍN PELÁEZ y FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA, se desempeñan como trabajadores del campo y son miembros de la Asociación Campesina Agroecológica de Tochecito y de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ASTRACAVA), la cual a su vez es filial de la Federación Sindical unitaria Agropecuaria FENSUAGRO-CUT.
Domingo 1 de junio de 2008
En el corregimiento Puerto Frazadas, vereda Alto El Rosario, Militares del Estado Colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20, al mando del sargento primero FORERO y el sargento segundo SALAZAR, instalan un reten militar en la zona.
Posteriormente retienen arbitrariamente al ciudadano campesino ROSEMBERG GAVIRIA, al cual le realizan amenazas y señalamientos, y lo privan de su libertad durante cuatro días.
Finalmente y luego de cuatro días de agresiones físicas y psicológicas el grupo de militares colombianos dejarla en libertad al ciudadano ROSEMBERG GAVIRIA.
Lunes 2 de junio de 2008
En el corregimiento Puerto Frazadas, vereda Alto El Rosario, Militares del estado Colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20, al mando del sargento primero FORERO y el sargento segundo SALAZAR, haciendo uso de capuchas para cubrir sus rostros, ingresan arbitrariamente a la residencia de la ciudadana colombiana GLORIA CARDONA.
Posteriormente el grupo de militares del Estado Colombiano, retienen arbitrariamente a la señora Cardona, su madre y su hijo. Tiempo en el cual, la amenazan de muerte, intimidan con sus armas de dotación y señalan a la señora CARDONA, de tener vínculos con la insurgencia.
Los militares señalan que "tienen fotos de gloria con guerrilleros" y que "unos reinsertados de la guerrilla la señalan (a la señora Cardona) de pertenecer a la insurgencia".
Finalmente y luego de varias horas de retención ilegal y presiones psicológicas, cerca de las 4:00 de la tarde el grupo de militares del Estado Colombiano abandonan la residencia de la señora Cardona.
Es de resaltar que la ciudadana colombiana GLORIA CARDONA, en la actualidad es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La María, corregimiento Puerto Frazadas, municipio Tulúa.
Lunes 3 de junio de 2008
En el corregimiento Puerto Frazadas, vereda Alto El Rosario, Militares del estado Colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20, al mando del sargento primero FORERO y el sargento segundo SALAZAR, retienen arbitrariamente a tres jóvenes campesinos de la zona a quienes les preguntan insistentemente y de manera intimidantes por un tal Miguel, del cual (los retenidos) manifiestan no tener conocimiento. Finalmente y luego de varias horas de retención y de presiones psicológicas los jóvenes son dejados en libertad.
En horas de la tarde un grupo de militares del Estado Colombiano, realizan toma fotográfica, sobre los trabajadores de la parcela de la ciudadana GLORIA CARDONA
ANTE EL TEMOR EXPRESAMENTE FUNDADO DE LAS COMUNIDADES FRENTE A LAS EXTRALIMITACIONES EN EL EJERCICIO DE LA FUERZA POR PARTE DE MILITARES COLOMBIANOS EN EL SECTOR DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y LOS LAMENTABLES PRECEDENTES DE ACCIONES SIMILARES.
DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE EL TERRORISMO DE ESTADO EN CONTRA DEL PUEBLO COLOMBIANO Y
RESPONSABILIZAMOS
AL ESTADO COLOMBIANO, y en particular AL MAYOR GENERAL JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ (III DIVISIÓN DEL EJÉRCITO DE COLOMBIA), POR LA ACCIÓN OMISIVA Y CÓMPLICE DE SERIAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR INTEGRANTES DEL LAS FUERZAS REGULARES DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE Tulúa; POR LA VIDA, INTEGRIDAD FÍSICA Y LOS BIENES DE LOS CAMPESINOS ASENTADOS EN LA ZONA DE OPERACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES QUE DIRIGE. Y EN ESPECIAL POR LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS CAMPESINOS HEBERTO MARÍN PELÁEZ, FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA, ROSEMBERG GAVIRIA y GLORIA CARDONA
EXIGIMOS
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
El cumplimiento de su mandato como veedores de que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y de los Derechos Internacionales de los Derechos Humanos.
AL ESTADO COLOMBIANO
El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Tulúa en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos, HEBERTO MARÍN PELÁEZ, FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA, ROSEMBERG GAVIRIA y GLORIA CARDONA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
A LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Tulúa en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos, HEBERTO MARÍN PELÁEZ, FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA, ROSEMBERG GAVIRIA y GLORIA CARDONA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos asentados en el municipio de Tulúa, que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos, HEBERTO MARÍN PELÁEZ, FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA, ROSEMBERG GAVIRIA y GLORIA CARDONA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano
SOLICITAMOS
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.
INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTA AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
"FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES"
30 DE JUNIO DE 2008
INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.co
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co
JUAN MANUEL SANTOS
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co
CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co
MARIO IGUARAN
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co
WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com
EDGARDO JOSE MAYA VILLAZÒN
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co
CARLOS FRANCO
Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional Humanitario.
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
Fax. 337 46 67
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co
NOTA: FAVOR REMITIR AL SIGUIENTE CORREO LOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN. redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
LA RED DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
"Francisco Isaías Cifuentes"
DENUNCIA PÚBLICA
AL SUR OCCIDENTE DE COLOMBIA, SOBRE LA CORDILLERA CENTRAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE TULÚA, CORREGIMIENTOS DE TOCHECITO Y PUERTO FRAZADAS, VEREDAS EL RECREO Y ALTO EL ROSARIO.
En desarrollo de la autodenominada "Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social" y los componentes de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. El Estado Colombiano, continúa desplegando una guerra de terror militar en contra de humildes ciudadanos campesinos, sus líderes naturales y sus organizaciones.
DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:
En desarrollo de la Política de Seguridad Democrática, militares del Estado Colombiano integrantes del Batallón de Infantería No. 23 Vencedores (sede municipio de Cartago), y la Brigada Móvil No. 20, perteneciente y agregada operacionalmente a la III Brigada, adscritos a la III División del Ejercito del Estado Colombiano al mando del Mayor General JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ. Continúan aterrorizando a los pobladores y líderes naturales, mediante señalamientos, agresiones físicas y psicológicas, la realización de amenazas y retenciones arbitrarias.
Como política de estado, el ejército del Estado Colombiano, señala y retiene arbitrariamente indefensos campesinos y posteriormente los presenta ante los medios masivos de comunicación y ante la comunidad internacional como insurgentes, en su afán por posicionar el sofisma del incremento de resultados cuantitativos de la política de "seguridad democrática" en su lucha frontal contra el "enemigo interno".
Como política de Estado, en esta zona, se agudiza a diario la etapa militar del desarrollo de la Doctrina de la Acción Integral, en donde a través de la intimidación y aniquilación de campesinos y sus organizaciones, el estado busca expropiar a campesinos de sus medios de producción comunitarios, desarraigarlos de sus territorios ancestrales y su cultura, atacando sistemáticamente a organizaciones y a sus líderes naturales, para posteriormente insertar a los lugareños en el modo de producción capitalista a través de planes y proyectos denominados de desarrollo sostenible.
Esta clase de acciones que en la cordillera central, tienen amedrentada a las comunidades campesinas, son ejecutadas como política de Estado y a diario se desarrollan en Colombia, por lo tanto, responsabilizamos al estado colombiano en cabeza del señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, al Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, señor JUAN CARLOS ABADIA y a las fuerzas militares y de policía por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en contra de los ciudadanos asentados en las zonas de operaciones del ejército de Colombia en el municipio de Tulúa.
HECHOS.
Al sur occidente de Colombia, sobre la cordillera central, en el Departamento del Valle del Cauca, municipio de Tulúa
Miércoles 21 de Mayo de 2008
En el corregimiento Tochecito, vereda El Recreo, finca El Paraíso, tres integrantes del Batallón de Infantería No. 23 "Vencedores", hacen presencia en el lugar, indagando por el ciudadano colombiano HEBERTO MARÍN PELÁEZ (quien reside en dicha finca).
Posteriormente los militares del Estado Colombiano, preguntan a los presentes en el lugar, por las actividades del ciudadano MARÍN PELÁEZ y por su localización, aduciendo que "había quejas" de dicho ciudadano colombiano. Ante la no presencia en el lugar del ciudadano Marín Peláez. El grupo de militares procedieron a tomarle fotografías a la señora ROSA MARÍA SALAZAR, residente de la zona.
Posteriormente (en fecha sin establecer)
Integrantes del Batallón de Infantería No. 23 "Vencedores", hacen presencia en la casa de habitación del ciudadano Colombiano FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA.
El grupo de Militares del Estado Colombiano, indagan por el paradero del ciudadano colombiano HEBERTO MARÍN PELÁEZ, y señalan que dicho ciudadano realiza "reuniones subversivas" en la región.
Es de resaltar que los ciudadanos colombianos HEBERTO MARÍN PELÁEZ y FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA, se desempeñan como trabajadores del campo y son miembros de la Asociación Campesina Agroecológica de Tochecito y de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ASTRACAVA), la cual a su vez es filial de la Federación Sindical unitaria Agropecuaria FENSUAGRO-CUT.
Domingo 1 de junio de 2008
En el corregimiento Puerto Frazadas, vereda Alto El Rosario, Militares del Estado Colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20, al mando del sargento primero FORERO y el sargento segundo SALAZAR, instalan un reten militar en la zona.
Posteriormente retienen arbitrariamente al ciudadano campesino ROSEMBERG GAVIRIA, al cual le realizan amenazas y señalamientos, y lo privan de su libertad durante cuatro días.
Finalmente y luego de cuatro días de agresiones físicas y psicológicas el grupo de militares colombianos dejarla en libertad al ciudadano ROSEMBERG GAVIRIA.
Lunes 2 de junio de 2008
En el corregimiento Puerto Frazadas, vereda Alto El Rosario, Militares del estado Colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20, al mando del sargento primero FORERO y el sargento segundo SALAZAR, haciendo uso de capuchas para cubrir sus rostros, ingresan arbitrariamente a la residencia de la ciudadana colombiana GLORIA CARDONA.
Posteriormente el grupo de militares del Estado Colombiano, retienen arbitrariamente a la señora Cardona, su madre y su hijo. Tiempo en el cual, la amenazan de muerte, intimidan con sus armas de dotación y señalan a la señora CARDONA, de tener vínculos con la insurgencia.
Los militares señalan que "tienen fotos de gloria con guerrilleros" y que "unos reinsertados de la guerrilla la señalan (a la señora Cardona) de pertenecer a la insurgencia".
Finalmente y luego de varias horas de retención ilegal y presiones psicológicas, cerca de las 4:00 de la tarde el grupo de militares del Estado Colombiano abandonan la residencia de la señora Cardona.
Es de resaltar que la ciudadana colombiana GLORIA CARDONA, en la actualidad es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La María, corregimiento Puerto Frazadas, municipio Tulúa.
Lunes 3 de junio de 2008
En el corregimiento Puerto Frazadas, vereda Alto El Rosario, Militares del estado Colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20, al mando del sargento primero FORERO y el sargento segundo SALAZAR, retienen arbitrariamente a tres jóvenes campesinos de la zona a quienes les preguntan insistentemente y de manera intimidantes por un tal Miguel, del cual (los retenidos) manifiestan no tener conocimiento. Finalmente y luego de varias horas de retención y de presiones psicológicas los jóvenes son dejados en libertad.
En horas de la tarde un grupo de militares del Estado Colombiano, realizan toma fotográfica, sobre los trabajadores de la parcela de la ciudadana GLORIA CARDONA
ANTE EL TEMOR EXPRESAMENTE FUNDADO DE LAS COMUNIDADES FRENTE A LAS EXTRALIMITACIONES EN EL EJERCICIO DE LA FUERZA POR PARTE DE MILITARES COLOMBIANOS EN EL SECTOR DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y LOS LAMENTABLES PRECEDENTES DE ACCIONES SIMILARES.
DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE EL TERRORISMO DE ESTADO EN CONTRA DEL PUEBLO COLOMBIANO Y
RESPONSABILIZAMOS
AL ESTADO COLOMBIANO, y en particular AL MAYOR GENERAL JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ (III DIVISIÓN DEL EJÉRCITO DE COLOMBIA), POR LA ACCIÓN OMISIVA Y CÓMPLICE DE SERIAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR INTEGRANTES DEL LAS FUERZAS REGULARES DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE Tulúa; POR LA VIDA, INTEGRIDAD FÍSICA Y LOS BIENES DE LOS CAMPESINOS ASENTADOS EN LA ZONA DE OPERACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES QUE DIRIGE. Y EN ESPECIAL POR LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS CAMPESINOS HEBERTO MARÍN PELÁEZ, FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA, ROSEMBERG GAVIRIA y GLORIA CARDONA
EXIGIMOS
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
El cumplimiento de su mandato como veedores de que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y de los Derechos Internacionales de los Derechos Humanos.
AL ESTADO COLOMBIANO
El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Tulúa en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos, HEBERTO MARÍN PELÁEZ, FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA, ROSEMBERG GAVIRIA y GLORIA CARDONA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
A LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Tulúa en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos, HEBERTO MARÍN PELÁEZ, FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA, ROSEMBERG GAVIRIA y GLORIA CARDONA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos asentados en el municipio de Tulúa, que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos, HEBERTO MARÍN PELÁEZ, FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA, ROSEMBERG GAVIRIA y GLORIA CARDONA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano
SOLICITAMOS
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.
INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTA AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
"FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES"
30 DE JUNIO DE 2008
INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.co
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co
JUAN MANUEL SANTOS
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co
CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co
MARIO IGUARAN
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co
WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com
EDGARDO JOSE MAYA VILLAZÒN
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co
CARLOS FRANCO
Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional Humanitario.
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
Fax. 337 46 67
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co
NOTA: FAVOR REMITIR AL SIGUIENTE CORREO LOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN. redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es
domingo 22 de junio de 2008
AGROCOMBUSTIBLES LA TRAGEDIA DEL CAMPESINADO EN LA ACUMULACIÓN DE RIQUEZAS DEL EMPRESARIADO AGROEXPORTADOR DEL VALLE DEL CAUCA.
AGROCOMBUSTIBLES LA TRAGEDIA DEL CAMPESINADO EN LA ACUMULACIÓN DE RIQUEZAS DEL EMPRESARIADO AGROEXPORTADOR DEL VALLE DEL CAUCA.
COORDINACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL CAUCA (CCVC)
PROCESO DE UNIDAD POPULAR DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO (PUPSOC)
PONENCIA PRESENTADA A LA SESIÓN DEL SENADO DE LA REPUBLICA. PRADERA VALLE DEL CAUCA JUNIO 14 DE 2.008
1. PROBLEMÁTICA AGRARIA EN EL VALLE DEL CAUCA.
Los datos del Plan Departamental de Desarrollo plantean que en el Valle del Cauca el 14% de su población (cerca de 595.000 personas, 14% de la población) habita la zona rural, cuyo sustento se deriva del desarrollo de labores agropecuarias. La inmensa mayoría de los habitantes de la zona rural en el Valle el Cauca (indígenas, campesinos y afrocolombianos), tanto de la zona plana como de la zona media y alta, no poseen suficiente tierra o no tienen propiedad alguna sobre la tierra, a causa de varios procesos de desarraigo violento al que han sido sometidas las comunidades rurales, esto ha conllevado a considerar al Valle del Cauca, como el departamento con mayor concentración en la propiedad sobre la tierra.
Sobre las tierras arrebatadas al campesinado, a las comunidades afrocolombianas e indígenas, mediante métodos de violencia sistemática, se ha sembrado la caña de azúcar para hacer de la tragedia de las comunidades rurales, la fuente de riqueza de los agroempresarios azucareros.
Esto ha conllevado a que los fértiles campos de la zona plana del valle del río cauca, se destinen a la producción para la exportación de azúcar y desde 2.003 agrocombustibles, en desmedro de la producción local de alimentos, conduciendo al Valle del Cauca a ser el departamento con mayor dependencia alimentaria en Colombia, siendo este un factor de riesgo para la población más pobre de la región, en tanto que deben destinar la mayor parte de sus bajos ingresos a la adquisición de alimentos.
El modelo agroexportador de azúcar y en la actualidad de agrocombustibles implementado en el valle del cauca es frágil desde el punto de vista económico, pues depende en su totalidad del mercado internacional, además se debe tener en cuenta que aunque el Valle del cauca tiene ventajas comparativas y competitivas países latinoamericanos como Brasil producen azúcar y etanol con menores costos de producción, hasta de un 92% menor para etanol.
El modelo agroexportador ha sido rentable para los grandes gremios por las siguientes razones:
1. Porque el estado brinda gigantescos subsidios a la producción agroexportadora. Solo en 2.007 los cinco ingenios más grandes del valle del cauca, recibieron “más de 1.500 millones de dólares para la producción de etanol”1 como parte de la política del Minagricultura en términos de exoneración de impuestos e incentivos. Los productores de Etanol por su parte percibieron “6.100 millones de pesos en incentivos no reembolsables, 20.000 millones de pesos del programa Agro Ingreso Seguro -AIS-”2; mientras que el presupuesto de INCODER para compra de tierras para más de 8 millones de campesinos que carecen de tierras solo fue de 20.000 millones de pesos.
2. La flexibilización laboral impulsada por el gobierno a través de la ley 789 de 2.002, que condujo a la creación de Cooperativas de Trabajo Asociado -CTAs-, que incrementaron la explotación hasta niveles infrahumanos.
3. Los costos de producción de etanol son de US$1.91 por galón y el precio de venta es de US$3,9 por galón. Esto se da por los dos factores mencionados anteriormente y por el aumento internacional en el precio del petróleo.
Así entonces el Gobierno Colombiano les quita valiosos recursos a los agricultores pobres necesitados de tierras, créditos blandos, investigación agropecuaria y transferencia de tecnología para entregárselos a los empresarios ricos, que se han hecho al poder de la tierra mediante la coerción, el desplazamiento forzado y el asesinato.
1.2. AGROCOMBUSTIBLES Y LA NEOESCLAVITUD EN EL VALLE DEL CAUCA
En la actualidad en el Valle del Cauca 16.000 corteros laboran diariamente en 200.000 Has, de los cuales el 90% son contratados a través de CTAs, el 10% restante está contratado directamente por los ingenios, de las 200.000 Has, 37.000 se destinan a la producción de alcohol carburante3.
Para 2020, el Gobierno Colombiano pretende lograr mezclas de etanol con gasolina en una relación 20%-80% (mezclas E20), para todo el territorio nacional, para lo cual aumentará el área sembrada a 72.000 Has, siendo necesario ampliar las áreas de cultivo de caña para etanol hacia las laderas y piedemontes de las cordilleras central y occidental.
De este modo, para que la producción de Etanol siga siendo “rentable” para los empresarios agroexportadores, la flexibilidad laboral, que trae consecuencias desastrosas para los trabajadores deberá acrecentarse y además para aumentar la producción de etanol, el proceso tendrá que ser mecanizado. Por tanto, existen dos panoramas que se interrelacionan de continuarse por el camino de los agrocombutibles, por un lado el aumento de la explotación laboral para los trabajadores de la agroindustria de los agrocombustibles en el Valle del Cauca y por el otro la sustitución de mano de obra por máquinas altamente dependientes de combustibles fósiles.
No obstante, estudios adelantados en Brasil demuestran que 100 Has utilizadas en agricultura familiar generan 35 empleos directos, mientras que si éstas son utilizadas para la producción de agrocombustibles solo generan 10 empleos, por tanto si las 235.000 Has se destinaran a la agricultura familiar se podrían generar 82.250 empleos, versus 23.500 que se generarían si las tierras son usadas para la producción de agrocombustibles como viene siendo la tendencia en Colombia.
1.3. LOS AGROCOMBUSTIBLES NO REDUCEN LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
El modelo de producción tanto de azúcar como de agrocombustibles en el Valle del Cauca, se fundamentan en los postulados de la revolución verde: Concentración de la tierra, concentración de las fuentes de agua, uso indiscriminado de agrotóxicos de síntesis petroquímica, uso de Organismos Genéticamente Modificados -OMGs-, mecanización del suelo, contaminación del suelo, agua y aire. El paquete completo de revolución verde ha demostrado ser altamente perjudicial para el medio ambiente, en tanto que el 52% de los gases de efecto invernadero son producidos por los agrotóxicos utilizados en agricultura4.
El uso del suelo para monocultivos reduce significativamente la biodiversidad, destruye los procesos de sinergia y simbiosis del suelo potencializándose la aparición de plagas, cambia drásticamente los patrones microclimáticos y por tanto de humedad del suelo y de ciclaje de nutrientes.
La concentración de las fuentes de agua trae como consecuencia reducciones significativas de la capacidad de dilución de las sales minerales en las fuentes de agua de los humedales, lo que conlleva a su colmatación y putrefacción, matando a plantas y animales que en otros tiempos fueron consumidos por las comunidades, no obstante, el impacto ambiental más grave, es la reducción de los caudales de agua de consumo por las poblaciones ribereñas del Cauca. En la actualidad se generan cerca de 1.100.000 L/día de etanol, que para ser producidos requieren entre 4-12 Litros de agua por Litro de Etanol, por tanto, si consideramos el requerimiento más bajo de agua (4L), producir etanol requiere 4.400 m3/día. En la actualidad las 37.000 Has de caña sembradas para etanol se consumen 18.500.000 m3 de agua/año5.
El uso indiscriminado de agrotóxicos ha salinizado el suelo, ha conllevado a que las propiedades físicas y químicas del suelo se atrofien, disminuyéndose la capacidad de las plantas de absorber los nutrientes del suelo, los agrotóxicos contaminan el agua subterránea, el aire arrastra trazas de agroquímicos por la acción del viento hacia zonas sembradas con cultivos diferentes a la caña, causándose perdidas en los cultivos de los campesinos de las zonas medias de la cordillera central.
La mecanización ha provocado que el suelo se compacte, que se destruyan las propiedades físicas y químicas de uno de los valles más fértiles de Colombia, como es el Valle del Río Cauca.
Las quemas de caña generan altas cantidades de gases de efecto invernadero como CO2 y NOx, también producen material particulado que afecta la salud de humanos y animales en las zonas rurales y en los centros poblados.
Los Agrocombustibles no solucionan el problema del calentamiento global, por el contrario lo agravan6, ya que la combustión con mayor presencia de productos oxigenados aumenta las concentraciones de NOx, genera ozono y acetaldehídos, estos actúan como cancerígenos en humanos. Además se debe tener en cuenta que para producir etanol se requiere del uso de combustibles fósiles.
2. EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y EL FOMENTO A LOS MEGAPROYECTOS.
El Plan de Desarrollo Departamental vigente hasta el año presentado por el Señor Gobernador del Valle del Cauca, Doctor Juan Carlos Abadía Campo, agudizará la situación del sector agropecuario en el Valle del Cauca, sobre todo afectará a las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, ya que desconoce de facto sus necesidades básicas, este plan propone una única inversión de “2.000 millones de pesos para proyectos de seguridad alimentaria” a través del proyecto RESA que solamente beneficiará a las “2.418 familias rurales del Valle del Cauca que se encuentren en altos niveles de vulnerabilidad”7. Sin embargo para el programa “Valle productivo y competitivo” al 2.032, invertirá $3.814.206.695 del presupuesto departamental y $356.016.613.611 de las transferencias nacionales en total $359.830.820.306; para el programa “Desarrollo Turístico del Valle” $9.489.449.751y $1.200.478.999. de recursos del departamento y la nación respectivamente, para un total de $10.689.928.7508.
El programa “Valle productivo y competitivo”, “fomentará la capacidad exportadora del Valle del Cauca”9; la capacidad exportadora se fundamenta como es lógico en el aumento a la producción de Agrocombustibles (Etanol) y de caña de azúcar, como lo dice el documento Plan de Desarrollo 2.008-2.011 “Las cadenas productivas agroindustriales priorizadas en la Agenda interna de Competitividad están llamadas a ser las abanderadas del desarrollo del sector en el propósito de competir en los mercados internacionales, pues estos son los sectores sobre los cuales se debe basar el desarrollo futuro del Valle del Cauca.”10
El programa “Desarrollo Turístico para el Valle” plantea “Impulsar el desarrollo turístico competitivo y sostenible del Valle del Cauca como actividad generadora de ingresos, empleo y calidad de vida, que involucre a los municipios de acuerdo a sus potencialidades (…) para desarrollar el macroproyecto Destino Paraíso”11.
Aunque el indicador NBI de 25.8 para las poblaciones rurales, las cifras demuestran que dentro de las prioridades del Gobierno Departamental, NO están las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, aunque sean los más necesitados. Para el Gobierno Departamental, las 595.000 personas que actualmente habitan el campo, deben integrarse a las cadenas productivas agroindustriales priorizadas, como la producción de etanol, a los planes eco-turísticos de venta de servicios ambientales o condenarse a desaparecer.
3. MEGAPROYECTOS Y DESPLAZAMIENTO DE LAS COMUNIDADES
El Valle del Cauca, por su ubicación geográfica estratégica es paso obligado de las mercancías que se dirigen hacia el pacífico, norte, centro y oriente del país, por tanto, se contempla como un enclave de valiosa importancia en el megaproyecto Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional para Sur América -IIRSA-.
Las necesidades de energía eléctrica en USA, el establecimiento de la zona franca del sur del Valle y Norte del Cauca y la entrada en vigencia del TLC Colombia-USA, producirán que nuevas transnacionales se emplacen a lo largo y ancho de la nación y con esto un aumento de las los requerimientos de energía eléctrica, que será suplido mediante la construcción de Centrales Hidroeléctricas y Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. El agua que se necesitará para mover la maquinaria de las centrales eléctricas y la utilizada en la industria desplazará el uso que hacen de este elemento natural las comunidades, violándose la constitución colombiana de 1991 y los derechos humanos fundamentales, en tanto que primará el bienestar particular de unos cuantos empresarios por encima del bienestar colectivo de campesinos, indígenas y afrocolombianos. Lejos de ser un pronóstico pesimista, la Multinacional Española EPSA Unión Fenosa, en contubernio con la CVC y el Ministerio de Medio Ambiente y Energía, viene adelantando la construcción de la PCH Amaime 1.400 sobre el río Amaime (entre los municipios de Palmira y El Cerrito), estudios en el Río Guabas (Ginebra), Río Tulúa (Tulúa) y Bugalagrande (Municipios de Sevilla, Tulúa y Bugalagrande), desconociendo los derechos a participar en las decisiones que se tomen sobre los territorios que habitan que tienen las comunidades campesinas ubicadas en las cuencas de estos ríos, entre otros derechos humanos fundamentales.
No es casual que uno de los ejes priorizados en el Plan de Desarrollo Departamental 2.008-2.011 se fundamente en el sector turístico, más aún cuando las zonas habitadas por las comunidades campesinas e indígenas en la zona media y alta de la cuenca del Río Cauca vienen siendo objeto de integración a la política nacional de áreas protegidas, cuya línea base promueve la conservación de las cuencas hidrográficas, sin desarrollo de actividades agropecuarias, en otras palabras, sin campesinos. Cabe resaltar el caso de la subcuenca del río Amaime, que fue considera por CVC como un parque eco-regional. De esta manera se cumple lo estipulado en los principios orientadores del Banco Interamericano de Desarrollo, para la planificación de cuencas “Las cuencas deben ser manejadas dependiendo del mayor aporte a la economía de una región”12, para el caso de las cuencas de los afluentes del Río Cauca, los mayores aportes a la economía de la región, se basan en la venta de servicios ambientales, como la captación de CO2, la producción de agua y la regulación del ciclo hidrológico.
4. QUÉ HACER.
1. Desconcentración de la propiedad de la tierra, mediante un proceso gradual de reforma agraria integral democrática y participativa, para que las comunidades agrarias avancen hacia la autosuficiencia alimentaria del Valle del Cauca.
2. El estado debe invertir recursos para la producción agroecológica que disminuya la dependencia a insumos derivados del petróleo y los agroquímicos.
3. Establecer una política de créditos blandos para que las comunidades afrocolombianas, campesinas e indígenas puedan mantener y desarrollar sus actividades agropecuarias basadas en el modelo de economía campesina.
4. El estado debe invertir recursos económicos para el establecimiento de cooperativas de las comunidades campesinas para la transformación agroindustrial.
5. Los Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal así como El estado y sus instituciones deben reconocer a las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianos como sujetos de derechos sociales, políticas, culturales y ambientales, así como la autonomía en las decisiones sobre su territorio.
6. Se deben crear mesas de trabajo para la visibilización de la problemática de los habitantes del sector rural, que tiendan a la solución concertada de la problemática.
7. El uso del suelo debe ser fundamentalmente para la producción de alimentos sanos.
8. Los trabajadores de la Agroindustria Agroexportadora de azúcar y etanol deben ser contratados directamente por los ingenios, respetando los derechos de los trabajadores.
9. A los trabajadores de la Agroindustria Agroexportadora de azúcar y etanol se les debe permitir las libertades sindicales contemplados en los acuerdos suscritos por el Estado Colombiano con la OIT.
10. La inversión extranjera debe realizarse en condiciones ventajosas para el país y para las comunidades asentadas en los territorios en los que se realice la inversión.
BIBLIOGRAFÍA
- Álvarez Roa Paula . Los agrocombustibles en boga: El caso del etanol en Colombia. Grupo Semillas. Marzo 3 de 2.008
- DOUROJEANNI, Axel; JOURAVLEV, Andrei; CHAVES ,Guillermo. Gestión del agua a nivel de cuencas. CEPAL. Santiago de Chile 2002.
- Editorial Grain Semillas Julio de 2.008
- García Lozada Héctor. Las otras verdades de la llamada biogasolina. www.rebelion.org
- PLAN DE DESARROLLO 2008 -2011. Buen Gobierno, con seguridad lo lograremos”. ANEXO 3. MATRIZ DE INDICADORES Y METAS POR PROGRAMAS Y OBJETIVOS.sábado 24 de mayo de 2008
Crónica de la Detención de un Estudiante (I)
Por Publicación Estudiantil La Farola.
La policía miente. Andrés Palomino: También es inocente
Crónica de la detención de un estudiante
Yo tengo un amigo
Que ahora está encanado.
Estaba sano en clase
Y se lo llevaron los malvados.
Andrés Palomino. De cariño Kinder, tiene veinte años y estudia tercer semestre de Ingeniería Agrícola en Univalle. Una mañana de Abril llegó a la universidad para asistir a clase, entregar un trabajo y salir. Estaba invitado a almorzar un seviche en el cumpleaños de un amigo. No llegaría a la celebración. En su lugar le llegó una detención arbitraria e ilegal que lo tiene hasta hoy tras las húmedas rejas de la cárcel Villa Hermosa de Cali.
Cuando llegó a la Universidad, sonaron unas papas. Los capuchos aparecieron entre los demás. "Hay tropel" - pensó la mayoría - . Eran casi las once de la mañana del jueves tres de abril. Los capuchos avanzaron hacia su frente de batalla. La Pasoancho les esperaba con una patrulla de la policía atascada en el trancón del mediodía. Según el reporte oficial eran las once y diez cuando el vehiculo policial fue incendiado por los manifestantes. Las llamas de la patrulla fueron sucedidas por la llegada de uniformados motorizados disparando hacia la universidad. Los capuchos se replegaron hacia adentro. Cerca de las once treinta fue emitida la orden de desalojo de la Ciudadela Universitaria. Media hora mas tarde el ESMAD ingresó a la universidad, en un operativo comandado por el general Jesús Antonio Gómez Méndez, sin el consentimiento de ninguna de las autoridades civiles competentes. El escuadrón entró por las porterías vehicular, peatonal y de emergencia, siendo esta ultima la mas utilizada para evacuar la universidad cuando estas situaciones se presentan.
El número de estudiantes detenidos al interior del campus universitario cuando finalizó la ocupación de la policía era de once. Al terminar la tarde siete de ellos, la mayoría menores edad, recuperaron su libertad. Al día siguiente los cuatro restantes fueron puestos bajo medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación por indicio de presunta culpabilidad en los delitos de terrorismo y daño en bien ajeno. La teniente Zulmarina Amara Quintero aseguró que ellos eran los encapuchados que le habían prendido fuego a la patrulla en la que ella se transportaba. Dany, Hoover, Nilson y Andrés fueron trasladados al centro penitenciario el lunes siete de abril.
Después de un mes de movilización permanente de todos los estamentos de la universidad y de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos para procurar la libertad de los cuatro estudiantes, el lunes doce de mayo el fiscal concluyo que no había pruebas suficientes para realizar la acusación a tres de ellos y le solicitó a la jueza precluir la investigación y darles libertad inmediata. La audiencia estaba citada para las dos de la tarde pero empezó una hora después. La policía mostró como pruebas un video donde se ve arder la patrulla. La defensa desmontó la versión de la teniente y demostró que ella mentía. La medida de aseguramiento fue revocada y la investigación cerrada.
Después de una caliente y ansiosa tarde, entre consignas, abrazos, pitos y besos, Dany, Hoover y Nilson salieron del Palacio de Justicia gritando: "La policía miente. Andrés Palomino: También es inocente"
La policía miente. Andrés Palomino: También es inocente
Crónica de la detención de un estudiante
Yo tengo un amigo
Que ahora está encanado.
Estaba sano en clase
Y se lo llevaron los malvados.
Andrés Palomino. De cariño Kinder, tiene veinte años y estudia tercer semestre de Ingeniería Agrícola en Univalle. Una mañana de Abril llegó a la universidad para asistir a clase, entregar un trabajo y salir. Estaba invitado a almorzar un seviche en el cumpleaños de un amigo. No llegaría a la celebración. En su lugar le llegó una detención arbitraria e ilegal que lo tiene hasta hoy tras las húmedas rejas de la cárcel Villa Hermosa de Cali.
Cuando llegó a la Universidad, sonaron unas papas. Los capuchos aparecieron entre los demás. "Hay tropel" - pensó la mayoría - . Eran casi las once de la mañana del jueves tres de abril. Los capuchos avanzaron hacia su frente de batalla. La Pasoancho les esperaba con una patrulla de la policía atascada en el trancón del mediodía. Según el reporte oficial eran las once y diez cuando el vehiculo policial fue incendiado por los manifestantes. Las llamas de la patrulla fueron sucedidas por la llegada de uniformados motorizados disparando hacia la universidad. Los capuchos se replegaron hacia adentro. Cerca de las once treinta fue emitida la orden de desalojo de la Ciudadela Universitaria. Media hora mas tarde el ESMAD ingresó a la universidad, en un operativo comandado por el general Jesús Antonio Gómez Méndez, sin el consentimiento de ninguna de las autoridades civiles competentes. El escuadrón entró por las porterías vehicular, peatonal y de emergencia, siendo esta ultima la mas utilizada para evacuar la universidad cuando estas situaciones se presentan.
El número de estudiantes detenidos al interior del campus universitario cuando finalizó la ocupación de la policía era de once. Al terminar la tarde siete de ellos, la mayoría menores edad, recuperaron su libertad. Al día siguiente los cuatro restantes fueron puestos bajo medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación por indicio de presunta culpabilidad en los delitos de terrorismo y daño en bien ajeno. La teniente Zulmarina Amara Quintero aseguró que ellos eran los encapuchados que le habían prendido fuego a la patrulla en la que ella se transportaba. Dany, Hoover, Nilson y Andrés fueron trasladados al centro penitenciario el lunes siete de abril.
Después de un mes de movilización permanente de todos los estamentos de la universidad y de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos para procurar la libertad de los cuatro estudiantes, el lunes doce de mayo el fiscal concluyo que no había pruebas suficientes para realizar la acusación a tres de ellos y le solicitó a la jueza precluir la investigación y darles libertad inmediata. La audiencia estaba citada para las dos de la tarde pero empezó una hora después. La policía mostró como pruebas un video donde se ve arder la patrulla. La defensa desmontó la versión de la teniente y demostró que ella mentía. La medida de aseguramiento fue revocada y la investigación cerrada.
Después de una caliente y ansiosa tarde, entre consignas, abrazos, pitos y besos, Dany, Hoover y Nilson salieron del Palacio de Justicia gritando: "La policía miente. Andrés Palomino: También es inocente"
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